Con la finalidad de neutralizar la demanda marítima interpuesta por Perú en La Haya, el gobierno chileno trató de coordinar con su par de Ecuador para que este último intervenga en el litigio a fin de ratificar que los acuerdos de 1952 y 1954 son tratados de límites y no simples acuerdos pesqueros.
Se debe precisar que Lima ha insistido en reiteradas oportunidades en que el diferendo es un tema bilateral con Santiago, debido a que no existe ninguna delimitación pendiente con Quito.
Sin embargo, según el diario El Mercurio, “dicen fuentes chilenas que La Moneda ha sondeado la disposición del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa para opinar ante la corte internacional. Y aunque se reconoce que la respuesta ecuatoriana contuvo reticencias iniciales -especialmente de la Cancillería de ese país-, en Santiago entienden que la postura del círculo cercano al presidente Correa
Ello debido a que “uno de los argumentos centrales esgrimidos en la contramemoria apunta a que el límite marítimo fue fijado por los tratados de 1952 y 1954, firmados tanto por Chile y Perú como por Ecuador”.
De acuerdo con el estatuto de la corte internacional, existen dos caminos por los que un tercer país podría asumir un rol en el proceso. Primero, un Estado podría pedir “intervenir” cuando crea tener un “interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio”. Segundo, el propio tribunal notificará “cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros estados además de las partes en litigio”.
Respecto de esta maniobra de Chile, el ex canciller peruano y miembro del equipo de abogados y especialistas en el caso, Eduardo Ferrero, comentó que “la iniciativa deberá partir de Ecuador y no de Chile”.
“Hasta ahora no hay evidencia de que Ecuador lo vaya a hacer y en el Perú estamos tranquilos porque hemos examinado esta alternativa. La Corte puede aceptar o rechazar un pedido de participar en un proceso, que también tendría implicancias para Ecuador en la eventualidad que se presentara”, comentó.
“Sería un tema político y no jurídico que deberá explicar el canciller (de Perú, José Antonio García Belaunde)”, agregó.
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