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viernes, 3 de junio de 2011

Keiko protegerá corruptos según pág. 28 de su Plan de Gobierno

KEIKO RATA CORRUPTA

En Radio Miraflores 1250 AM denuncian que keiko fujimori protegerá a funcionarios corruptos del estado peruano. en pagina 28 de su plan de gobierno afirman que va a establecer un sistema de protección legal especial. director de diario Perú 21 y Pedro Pablo Kuckynski por actos corruptos fueron defendidos con dinero publico.

Keiko Fujimori protegerá a los corruptos con dinero público en caso salga elegida Presidenta del Perú, denunció el analista peruano Mauricio Quiroz T., Vicepresidente del Instituto Pueblo Continente, en entrevista realizada el Martes 31 de Mayo, en Radio Miraflores 1250 AM, por el periodista Heinz Ortiz J.

Lo grave del asunto es que Keiko Fujimori va a establecer un blindaje legal mayor al que ya tienen los funcionarios corruptos y Militares y Policías violadores de los derechos del pueblo.

En efecto, en la página 28 de su Plan de Gobierno presentado al Jurado Nacional de Elecciones (ver Anexo) se anuncia que saldrá una Ley pro corruptos.

Quiróz, refirió que existen normas expedidas en el gobierno de Alan García- avalados por los Partidos y Frentes Políticos como el APRA, Partido Popular Cristiano, Unidad Nacional, UPP - donde normas inferiores disponen que con fondos del Tesoro Público se defienda a funcionarios corruptos acusados por particulares o el propio Estado.

Entre esas normas está el D.S. Nº 018-2002-PCM que protege a los funcionarios corruptos y el D.S. Nº 061-2006-PCM que amplia los alcances de este blindaje a los efectivos de las Fuerzas Armadas-FFAA y Fuerzas Policiales-FFPPP.

No sorprende que dos personajes connotados que apoyan a Keiko Fujimori se hayan beneficiado de estas normas, como son el Director del Diario Perú 21- del grupo Editora El Comercio-, Fritz Du Bois, esposo de la ex Jefa de PROINVERSION en el Gobierno Aprista Cayetana Aljovin; y Pedro Pablo Kuckynski, frustrado candidato presidencial.

Así lo dispone la R.M. Nº 056-2004-ef.43 que autoriza un pago de 83,300 nuevos soles al Estudio León Pastor & Azabache Abogados para defender a Du Bois de la acusación de la 4ta. Fiscalía Anticorrupción por malversación de fondos al haber dispuesto la capitalización de acreencias de COFIDE al Banco Latino del Grupo Picasso durante el gobierno del dictador y corrupto Alberto Fujimori.

En el mismo sentido, la R.M. Nº 166-2005-EF/43 que lleva la firma del revisionista Javier Sota Nadal, que aprueba el pago de 120,000 nuevos soles al Estudio Santistevan de Noriega & Asociados, Abogados Consultores SCRL para que defiendan a Pedro Pablo Kuckynski de la Denuncia Constitucional Nº 342 del 12 de Mayo del 2004 por la comisión de delitos de colusión y negociación incompatible tipificados en los arts. 384º y 397º del Código Penal, por la emisión de Bonos soberanos y el proceso de selección del agente colocador en el canje de Bonos Brady.

Hoy en día de nada vale que la Contraloría General de la República, los Fiscales, los Jueces, acusen a los funcionarios de corruptelas o a los Militares y Policías criminales y violadores de derechos humanos pues con las referidas normas son defendidos con dinero que sale del Tesoro Público.

Quiróz agregó que el Banco Mundial y el Acuerdo Nacional ni los pretendidos moralizadores de la política peruana hasta hoy no dicen nada sobre esta legislación pro corrupción y no han dicho nada frente a la propuesta de Keiko Fujimori que dará mayor blindaje a los corruptos y violadores de los derechos humanos.

Todo el sistema político peruano es corrupto como expresión de la crisis estructural que padece el país por culpa del capitalismo burocrático y del dominio del capital extranjero y solo un cambio radical del modelo de desarrollo antinacional y de hambruna que hoy vivimos podrá eliminar la corrupción imperante, sentenció finalmente el analista político.

ANEXO

PLAN DE GOBIERNO DE FUERZA 2011

[…]

4. Protección al Buen Funcionario.

[…]

“Por ello, estableceremos un sistema de protección legal especial para todos aquellos funcionarios cuyas funciones pudieran implicar cuestionamientos jurídicos por parte de los afectados o por el propio Estado..”

p. 28

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